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Google y el derecho al olvido

Mucho se está hablando de la sentencia del TJUE sobre el llamado «derecho al olvido«.

A modo de resumen de lo publicado por mí en distintos sitios, recapitulamos:

La sentencia determina que a Google ha de aplicársele la normativa europea de protección de datos, que es responsable de ese tratamiento de datos que realiza y que los afectados pueden dirigirse al buscador para solicitar la eliminación de resultados. No obstante, no siempre deberá hacerlo, puesto que en ocasiones, como cuando haya un interés público en la información, no procederá atender el derecho (más información sobre el contenido de la sentencia en Descargas Legales).

Conclusiones del Abogado General en el caso de Google ante el TJUE

Hoy hemos conocido las conclusiones del Abogado General en el caso de Google y (por resumir) el llamado «derecho al olvido«, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Creo que la cuestión principal que hay que dirimir en este asunto es si la Directiva de Protección de Datos puede aplicarse a Google, y el Abogado General entiende que sí. Por otro lado, estima que el buscador, aunque realiza un tratamiento de datos, no puede ser considerado responsable del tratamiento. En relación con el «derecho al olvido», considera que no puede aceptarse que exista con carácter absoluto y general, al menos en el caso concreto.

Veremos si el TJUE sigue las conclusiones del Abogado General, en la sentencia que tendremos en los próximos meses. En mi blog en «Descargas Legales» he analizado las conclusiones.

La Audiencia Nacional pregunta al TJUE en relación con el derecho al olvido

La Audiencia Nacional ha planteado a través de un auto (que tiene “el detalle” de no eliminar el nombre del afectado) una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europa en relación con el llamado “derecho al olvido“. Dentro de uno de los muchos procedimiento similares (unos 130) que se encuentran en tramitación en esta sede judicial, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, antes de resolver, ha decidido plantear siete preguntas al TJUE.

Las preguntas resumen a mi juicio muy bien y casi por completo la problemática. Resumiendo, el asunto consiste en si el buscador Google (en este caso, pero es aplicable a otros, por supuesto) realiza un tratamiento de datos de carácter personal y si la normativa española (o europea) le es aplicable, en cuyo caso deberá atender las peticiones de cancelación de datos que le remitan los afectados relacionadas con los resultados de búsqueda.

La sentencia del TJUE será determinante, aunque hay que tener en cuenta que en el borrador del texto del futuro Reglamento europeo sobre protección de datos se incluye un apartado dedicado al “derecho al olvido”, con lo cual la decisión será relativamente menos trascendente.

Las siete cuestiones sobre las que deberá decidir el TJUE son las siguientes:

1 – ¿Debe interpretarse que existe un “establecimiento”, en los términos descritos en el art. 4.1.a) de la Directiva 95/46/CE, cuando concurra alguno o algunos de los siguientes supuestos:

– cuando la empresa proveedora del motor de búsqueda crea en un Estado Miembro una oficina o filial destinada a la promoción y venta de los espacios publicitarios del buscador, que dirige su actividad a los habitantes de ese Estado,
o
– cuando la empresa matriz designa a una filial ubicada en ese Estado miembro como su representante y responsable del tratamiento de dos ficheros concretos que guardan relación con los datos de los clientes que contrataron publicidad con dicha empresa
o
– cuando la oficina o filial establecida en un Estado miembro traslada a la empresa matriz, radicada fuera de la Unión Europea, las solicitudes y requerimientos que le dirigen tanto los afectados como las autoridades competentes en relación con el respeto
al derecho de protección de datos, aun cuando dicha colaboración se realice de forma voluntaria?

2- ¿Debe interpretarse el art. 4.1.c de la Directiva 95/46/CE en el sentido de que existe un “recurso a medios situados en el territorio de dicho Estado miembro” cuando un buscador utilice arañas o robotspara localizar e indexar la información contenida en páginas web ubicadas en servidores de ese Estado miembro o cuando utilice un nombre de dominio propio de un Estado miembro y dirija las búsquedas y los resultados en función del idioma de ese Estado miembro?
¿Puede considerarse como un recurso a medios, en los términos del art. 4.1.c de la Directiva 95/46/CE, el almacenamiento temporal de la información indexada por los buscadores en internet? Si la respuesta a esta última cuestión fuera afirmativa, ¿puede entenderse que este criterio de conexión concurre cuando la empresa se niega a revelar el lugar donde almacena estos índices alegando razones competitivas?

3- ¿Debe aplicarse la Directiva 95/46/CE en materia de protección de datos, a la luz del art. 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en el país miembro donde se localice el centro de gravedad del conflicto y sea posible una tutela más eficaz de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea?

4- ¿Debe interpretarse la actividad consistente en localizar la información publicada o incluida en la red por terceros, indexarla de forma automática, almacenarla temporalmente y finalmente ponerla a disposiciónde los internautas con un cierto orden de preferencia, cuando dicha información contenga datos personales de terceras personas, comprendida en el concepto de “tratamiento de datos”, contenido en el art. 2.b de la Directiva 95/46/CE?

5- ¿Debe interpretarse el artículo 2.d) de la Directiva 95/46/CE, en el sentido de considerar que la empresa que gestiona el buscador “Google” es “responsable del tratamiento” de los datos personales contenidos en las páginas web que indexa?

6- ¿Puede la autoridad nacional de control de datos (en este caso la Agencia Española de Protección de Datos), tutelando los derechos contenidos en el art. 12.b) y 14.a) de la Directiva 95/46/CE, requerir directamente al buscador para exigirle la retirada de sus índices de una información publicada por terceros, sin dirigirse previa o simultáneamente al titular de la página web en la que se ubica dicha información? ¿Se excluiría la obligación de los buscadores de tutelar estos derechos cuando la información que contiene esos datos se haya publicado lícitamente por terceros y se mantenga en la página web de origen?

7- ¿Debe interpretarse que los derechos de supresión y bloqueo de los datos, (regulados en el art. 12.b) y el de oposición (regulado en el art. 14.a de la Directiva 95/46/CE), incluyen la posibilidad de que el interesado puede dirigirse frente a los buscadores para impedir la indexación de la información referida a su persona amparándose en su voluntad de que la misma no sea conocida por los internautas cuando considere que puede perjudicarle o desea que sea olvidada, aunque se trate de una información publicada lícitamente por terceros?

Aclaraciones sobre las consecuencias de la Sentencia del Tribunal Supremo que anula el artículo 10.2.b del Real Decreto 1720/2007

El título de esta entrada es tan meramente descriptivo como extraordinariamente sensacionalistas son algunos titulares que hemos leído en la prensa al respecto de esta noticia. Ni se va a poder comerciar libremente con nuestros datos ni se mutila la protección de datos, como se han dicho en algunos periódicos.

Lo que ha sucedido es que el Tribunal Supremo, en una sentencia de 8 de febrero de 2012, ha anulado el art. 10.2.b del Real Decreto 1720/2007. Este artículo permitía el tratamiento de datos sin consentimiento de su titular en caso de que los “datos objeto de tratamiento o de cesión figuren en fuentes accesibles al público y el responsable del fichero, o el tercero a quien se comuniquen los datos, tenga un interés legítimo para su tratamiento o conocimiento, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado“.

En primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es que la noticia se produjo en realidad hace unos meses, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que este artículo era contrario a lo dispuesto en la Directiva 95/46, tal y como comentamos aquí en una entrada anterior. Por tanto, lo que ha hecho el Tribunal Supremo es lo que ya se sabía que tenía que hacer.

Por otro lado, las consecuencias prácticas son, al menos de momento, prácticamente nulas. Es cierto que no puede exigirse que los datos figuren en fuentes accesibles al público para tratar datos sin consentimiento. Sin embargo, debe realizarse en cada caso una ponderación entre el interés legítimo del responsable del tratamiento y los derechos del interesado que se ven afectados por el tratamiento de datos sin consentimiento. Si realizada esa ponderación prevalece el interés del responsable, podrán tratarse los datos sin consentimiento; si prevalecen los derechos afectados del interesado, no se podrá. Y para realizar esa ponderación, la Agencia ya dijo tras la sentencia del TJUE que se va a tener en cuenta el hecho de que figuren en fuentes accesibles al público como criterio de ponderación.

Es cierto que la anulación de este artículo deberá tener trascendencia cuando la Agencia (o los tribunales) empiece a aceptar en sus resoluciones otros criterios de ponderación que legitimen el tratamiento, pero ello está muy lejos de las afirmaciones periodísticas que hemos podido leer.

Más sobre el tema en la web de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) y en los blogs de Gontzal Gallo, Jorge Campanillas y Jesús Pérez.

El TJUE, el tratamiento de datos sin consentimiento, y las fuentes accesibles al público.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado una sentencia por la que se resuelven dos cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal Supremo. Estas cuestiones se derivan de los recursos presentados por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) y la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) contra determinado contenido del artículo 10 del Real Decreto 1720/2007, por el que se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Este artículo, entre otras cosas, permite el tratamiento de datos sin consentimiento del interesado cuando los “datos objeto de tratamiento o de cesión figuren en fuentes accesibles al público y el responsable del fichero, o el tercero a quien se comuniquen los datos, tenga un interés legítimo para su tratamiento o conocimiento, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado“.

Este precepto trata de recoger lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 95/46, que establece que podrán tratarse datos sin consentimiento si “es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva”.

¿Cuál es el problema? Pues que la normativa española exige, además del requisito del interés legítimo del responsable del tratamiento, y de que no prevalezca el interés o los derechos del afectado, que los datos figuren en fuentes accesibles al público. Esta es la primera pregunta que realiza el Supremo al TJUE, y la respuesta es clara: la Directiva se opone a que se exija este requisito adicional. A la vista de esto, al Supremo no le queda otro remedio que llevar a su fallo esta sentencia del TJUE, con lo que el artículo 10 del Real Decreto 1720/2007 no podrá seguir exigiendo que los datos figuren en fuentes accesibles al público.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha reaccionado a esta sentencia y en una nota de prensa ha dicho, básicamente, que la sentencia (resumida aquí por Gontzal Gallo) no altera el marco vigente de la Protección de Datos en España, puesto que ya venía interpretando el hecho de que los datos figuren en fuentes accesibles al público como un mero criterio de ponderación entre el interés legítimo del responsable del tratamiento y los derechos del interesado que se ven afectados por el tratamiento de datos sin consentimiento. Sin embargo, no es difícil encontrar procedimientos sancionadores, incluso recientes, en los que no se realiza ninguna ponderación en este sentido, rechazando la posibilidad del tratamiento de datos sin consentimiento si no figuran los datos en fuentes accesibles al público. Es más, la propia Agencia dice que, dado que se trata de una excepción, “debe aplicarse de forma restrictiva”. Por tanto, quizá sea más correcto decir que este será el criterio interpretativo a partir de ahora, con lo que, en mi opinión, sí que hay alteración del estado de las cosas.

Además tenemos que tener muy en cuenta la resolución de la segunda cuestión prejudicial planteada, en relación con el efecto directo del art. 7.f de la Directiva. El TJUE responde, como era de esperar, que sí que tiene efecto directo, con lo cual lo dispuesto en esta norma puede ser invocado por un particular y aplicado por los órganos jurisdiccionales nacionales. Esto tiene una importancia adicional, puesto que debemos recordar que el artículo 6.2 de la LOPD también incorpora el requisito de que los datos figuren en fuentes accesibles al público, requisito que, por lo que acabamos de ver en esta sentencia, es contrario a lo dispuesto en la Directiva.